Juan Manuel Mayllo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y máster en Práctica Jurídica y Procedimiento, se colegió en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 1995, donde ha desempeñado un papel fundamental en el Turno de Oficio desde el año 2001. Su carrera profesional incluye una destacada trayectoria como letrado del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) entre 2002 y 2005, así como en la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid desde 2006 hasta 2009. En 2019, su compromiso con la mejora del servicio de Justicia gratuita lo llevó a asumir la presidencia de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO). Desde esta posición, Juan Manuel Mayllo ha trabajado incansablemente por dignificar y mejorar las condiciones laborales y profesionales de los abogados del Turno de Oficio. En esta entrevista aborda su visión y los retos que enfrenta este servicio en la actualidad.
¿Cuál es el balance de la acción colegial para lograr la mejora del Turno de Oficio?
En el último año, la Junta de Gobierno del ICAM ha conseguido logros concretos para la abogacía de oficio, como plazas de aparcamiento en comisarías y juzgados, nuevas salas en los Juzgados de Plaza Castilla y mejoras en las de Princesa, que han duplicado su espacio. También hemos obtenido el apoyo inédito de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para que se retribuya la defensa de las personas jurídicas, y se ha reforzado el amparo colegial frente a amenazas o agresiones. Además, hemos impulsado reformas legales para la conciliación, canalizadas a través de una comisión de trabajo ad hoc creada en abril pasado. Y no hemos dejado de trabajar con la Comunidad de Madrid en la mejora de los baremos.
¿Considera que el Turno de Oficio está dignamente retribuido?
El Turno de Oficio no está ni digna ni suficientemente remunerado, ni se paga con la puntualidad que debiera, lo hemos denunciado en innumerables ocasiones. Para evitar los retrasos, lo primero es agilizar la gestión de los pagos. Pero además, necesitamos establecer un sistema que permita que esta subvención se pague a cuenta de cantidades adelantadas y luego se justifique el destino de esos fondos. Desde el ICAM venimos planteando una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica del año 1996 y hemos presentado propuestas de enmiendas para garantizar retribuciones dignas por todas las actuaciones.
La Comunidad de Madrid ha actualizado recientemente los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Cuál es su opinión sobre estas medidas?
Estas medidas se interpretan desde el ICAM como un avance significativo en el reconocimiento del trabajo esencial que realizan los abogados de oficio. Sin embargo, nos parece que son solo un primer paso en el marco de un diálogo constructivo para garantizar mejoras continuas y sustanciales para la abogacía de oficio. Aunque reconocemos que estos avances son insuficientes, valoramos positivamente que se incorporen nuevas actuaciones y que, por primera vez, se aplique una subida lineal de todos los baremos.
Ahora es crucial que este compromiso no sea puntual y se mantenga a lo largo del tiempo con incrementos anuales y con la inclusión de nuevas actuaciones no contempladas en los baremos actuales.
En el ámbito legislativo, ¿qué medidas propone el Colegio para mejorar la situación del Turno de Oficio?
En cuanto a la Ley del Derecho de Defensa es necesario que se regulen claramente los derechos de los profesionales de Turno de Oficio para garantizar que puedan ejercer su labor en defensa de los intereses de los ciudadanos sin cortapisas y en igualdad de condiciones con el resto de los operadores jurídicos.
Por otra parte, en relación con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, señalar que han pasado 28 años desde que entrara en vigor la citada Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. En este tiempo, nuestra sociedad ha sufrido una gran transformación y con ella las instituciones jurídicas que la rigen y, sin embargo, esta ley apenas ha sufrido modificaciones, poniendo en peligro el acceso a la justicia de una gran parte de la ciudadanía. Por ello, desde el ICAM pedimos al legislador la modificación casi total de la Ley 1/1996 para adaptarla a las transformaciones operadas en nuestra sociedad y garantizar los derechos y obligaciones de los justiciables y de los profesionales que prestan este servicio público.
Como aspectos más urgentes, en primer lugar es fundamental que la norma recoja expresamente que todas las actuaciones que realicen los profesionales designados por turno de oficio deberán ser abonadas por la administración. No es posible que, como ocurre con la actual redacción, en caso de que al solicitante de justicia gratuita se le deniegue la misma por superar el límite de ingresos o se archive su solicitud por no presentar la documentación necesaria, el profesional designado no cobre por su trabajo. Además, debe modificarse el artículo 2 para reconocer el beneficio de justicia gratuita para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales cuando la designación de profesionales se produzca a requerimiento judicial.
Relacionado con los dos puntos anteriores, se encuentra la necesidad de incluir determinadas actuaciones ahora no recogidas, como por ejemplo y entre otras, la conciliación previa y la reclamación administrativa previa en el orden social, los habeas corpus, o todas aquellas actuaciones necesarias y obligatorias para que el beneficiario que desee acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad pueda hacerlo. Y por supuesto recoger que la ejecución de resoluciones judiciales, sin perjuicio de la obligación del profesional designado de hacerse cargo de ella durante los dos años siguientes, deberá ser siempre retribuida mediante baremo que recoja expresamente la retribución por dicha ejecución.
También hay que fijar unos baremos dignos, respetando las competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia, y establecer un método de actualización periódica de las cuantías, que vincule a todas las administraciones, con independencia de si las competencias en Justicia están transferidas a la comunidad autónoma o no.
Desde el ICAM pedimos al legislador la modificación casi total de la Ley 1/1996 para adaptarla a las transformaciones operadas en nuestra sociedad.
Por otro lado, debemos considerar como una cuestión de dignidad para la abogacía la supresión del actual artículo 1, que impone la obligatoriedad de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita para todos los profesionales inscritos en los respectivos colegios de la abogacía.
También sería necesario modificar los límites económicos de acceso al beneficio de justicia gratuita, actualmente referenciados al IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples]. Con el aumento que ha sufrido el SMI [Salario Mínimo Interprofesional]sin equiparación en el alza del IPREM, se está restringiendo cada vez más el derecho de acceso a la Justicia a personas con pocos recursos, siendo necesario la armonización de criterios entre las distintas comisiones de asistencia jurídica para no generar situaciones de desigualdad dependiendo de la residencia del solicitante de justicia gratuita.
Por último, proponemos la creación de un Estatuto de la Abogacía de Oficio que fije no solo las obligaciones de estos profesionales, sino también sus derechos, que cada vez parecen más olvidados por las administraciones.
¿Alguna de estas medidas ha sido bien recibida por el Ministerio?
Desde el ICAM hemos celebrado la predisposición del Ministerio de Justicia para corregir la discriminación en el acceso a la asistencia jurídica gratuita modificando los umbrales de renta. Esta se ha producido tras la recomendación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a raíz de las persistentes acciones de queja de ALTODO y en línea con las propuestas de enmiendas presentadas por el ICAM al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Desde 2018, la asociación ALTODO ha advertido sobre la desconexión entre la subida del salario mínimo, que ha aumentado un 54% desde entonces, y el IPREM, que ha permanecido desactualizado. Esta disparidad afecta a más de dos millones y medio de personas que, a pesar de su vulnerabilidad económica, quedan excluidas del derecho a la asistencia jurídica gratuita. El Ministerio de Justicia ha reconocido la necesidad de ajustar estos umbrales para reflejar las realidades económicas actuales y asegurar un acceso equitativo a la justicia gratuita.
El ICAM tiene en marcha una campaña para que los juzgados sean sensibles a las peticiones de suspensiones de los profesionales. ¿Es un problema que también sufre la abogacía de oficio?
Sin duda. Los actos judiciales se pueden suspender por cualquiera de las causas previstas en la Ley, pero muchas veces la petición no es atendida. En estos casos, el ICAM puede actuar y, a través de su nuevo servicio 112 Abogacía, solicitar en nombre de los colegiados la suspensión correspondiente. La conciliación es un problema grave que nos preocupa mucho a todos los compañeros. Es necesario que se recoja en las normas procesales nuestro derecho a conciliar la vida profesional con la personal y familiar, pues somos el único colectivo que no lo tiene garantizado. Es fundamental, también, que se garantice nuestro derecho a la desconexión digital, pues la realidad es que no se nos permite desconectar.
Este año, con motivo del Día Internacional del Abogado/a, presentaron el decálogo de derechos del Turno de Oficio. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Así es, el decálogo del ICAM reconoce a los profesionales del Turno de Oficio el derecho a ser tratados con dignidad y respeto, a ejercer su profesión de manera independiente y libre de cualquier influencia externa que amenace su integridad y ética profesional, y a preservar plenamente el secreto profesional que sustenta la confianza con el cliente.
Además, establece el derecho a recibir retribuciones justas por su trabajo y prestaciones dignas para su jubilación, así como a recibir un trato ecuánime y no discriminatorio en cuestiones tributarias. También promueve una política de tolerancia cero al abuso de autoridad y a la utilización de expresiones denigrantes contra ellos en las resoluciones judiciales, y fomenta que los letrados puedan evaluar a los órganos judiciales a través de informes públicos que reflejen la calidad y atención brindada.
Para mantener la excelencia en el servicio, se incluye el acceso a formación gratuita y práctica como uno de los derechos del Turno de Oficio, con formatos y horarios compatibles con el ejercicio profesional. En este sentido señalar que esta formación gratuita está recayendo sobre la tesorería de los propios colegios de la abogacía, y consideramos que, tratándose el Turno de Oficio de un servicio público, correspondería a la administración el financiar esa formación gratuita para la mejor prestación del servicio a los ciudadanos. Y para facilitar la comunicación con el justiciable, se incluirán todos los medios de contacto en las hojas de designación. Por último, el decálogo contempla la defensa del turno de oficio y la justicia gratuita de cualquier injerencia externa, interponiendo los recursos necesarios para preservar su integridad.
También se ha puesto el foco en la jurisdicción social y se han abierto nuevos espacios para la abogacía en algunos juzgados, como los de Plaza de Castilla.
Efectivamente, ante la caótica situación de la jurisdicción social en Madrid, con barreras físicas, falta de equipamiento y retrasos en los procedimientos, pusimos en marcha una mesa de trabajo para elaborar sugerencias de mejora y comunicarlas a las autoridades competentes. Además, el ICAM ha establecido un puesto permanente de Defensa de la Abogacía en la sede de los juzgados de la Calle Princesa, con el objetivo de articular acciones y garantizar la seguridad y eficacia de los abogados en su misión de defender los derechos de los ciudadanos.
Por otra parte, la abogacía de oficio carecía de un lugar adecuado en los calabozos de Plaza Castilla donde esperar hasta la declaración de sus clientes. La Junta de Gobierno ha trabajado para mejorar estas condiciones, poniendo a disposición de los compañeros y compañeras espacios más dignos. Y continuamos manteniendo reuniones con la Jueza decana para mejorar aquellos aspectos que aún requieren modificarse para poder realizar nuestro trabajo con unas condiciones mínimas de dignidad y ser al mismo tiempo más operativos.
El ICAM ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer la excelencia de la abogacía de oficio. ¿Qué se pretende?
Lo que se busca con esta campaña es acabar con esos bulos, difundidos incluso en medios de comunicación, unas veces por desconocimiento y otras por verdadera mala fe, respecto a la preparación de los profesionales que forman parte del Turno de Oficio y sobre la calidad del servicio que se presta. Tratamos de hacer llegar a la sociedad que el Turno de Oficio es, ante todo, un servicio público ofrecido por profesionales altamente cualificados, que asegura que ningún ciudadano, independientemente de su situación económica o social, se vea privado de su derecho fundamental de defensa, garantizando la defensa de sus derechos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la justicia y la igualdad. Se trata de transmitir que la Abogacía de Madrid mantiene un firme compromiso con la sociedad madrileña.
El 12 de julio, Día de la Abogacía de Oficio en España, lanzamos una campaña informativa para dar a conocer la excelencia de nuestros profesionales, cuyo trabajo es de un rigor y nivel alabado incluso en sentencias judiciales.
La abogacía de oficio carecía de un lugar adecuado en los calabozos de Plaza Castilla donde esperar hasta la declaración de sus clientes. La Junta de Gobierno ha trabajado para mejorar estas condiciones.
¿De qué logro se considera más satisfecho?
Me siento especialmente satisfecho de haber logrado avances significativos en la retribución y reconocimiento de los abogados de oficio, así como en la defensa de sus derechos. La aceptación de nuestras propuestas de enmienda por parte del Ministerio de Justicia y la implementación de mejoras en los juzgados son pasos importantes hacia una justicia más accesible y equitativa. También me enorgullece el lanzamiento del decálogo de derechos del Turno de Oficio, que refuerza la dignidad y las condiciones laborales.
Para terminar, el próximo año está previsto que arranquen las obras de la Ciudad de la Justicia. ¿Cómo afectará esta nueva infraestructura a la abogacía de oficio?
La Ciudad de la Justicia promete ser una infraestructura moderna que centralizará los servicios judiciales en Madrid, lo cual debería facilitar el acceso y la gestión de los casos para los abogados de oficio. Sin embargo, es fundamental que en su diseño y operatividad se contemple adecuadamente el espacio y las necesidades específicas de los profesionales del Turno, para garantizar que puedan desempeñar su labor en condiciones dignas y eficientes, para lo cual sería necesario que se escuchasen las propuesta e ideas que en dicho sentido pueda hacer esta corporación.
