MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha registrado en el Congreso de los Diputados un documento con cerca de 40 propuestas de enmiendas sobre el ‘Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios’ que, entre otros asuntos, regula la mediación y, en general, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
Entre las peticiones del Colegio de la Abogacía de Madrid destaca la supresión de toda referencia a la condena en costas en caso de no haber acudido a un intento de mediación u otro MASC, tal como prevé el proyecto de ley.
Para el ICAM «este sistema sancionador encubierto puede estar atacando a la justicia material y a la tutela judicial efectiva» y además se considera una «traba disuasoria» para el acceso a la Justicia.
El Colegio recuerda que «los MASC solo son útiles cuando las partes quieren emplearlos, pero si no es posible (ej. reivindicación del cumplimiento total de lo contratado) el que se fuerce a acudir a ellos puede lesionar la justicia material y el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo del asunto» y añade que, además «desde la perspectiva del ciudadano implica un retraso en el inicio del proceso y un aumento de su coste (abono al tercero interviniente o a los letrados si forman parte de la negociación)».
Igualmente se apunta que esta medida no solo «puede generar el efecto contrario al pretendido» sino que también crea desequilibrios: «La actitud del justiciable favorable al acuerdo, pero en peor posición sustantiva respecto a la parte que exige el cumplimiento de la obligación (por la solidez de los hechos constitutivos invocados), y que se muestra desfavorable -por inútil- a acudir a un MASC, le sitúa en peor posición procesal.
Es decir, el deudor querrá acudir al MASC como mera actitud estratégica y así lograr una mejor posición procesal de cara a las eventuales costas procesales.
Asimismo, piénsese en el consumidor que reclama derechos frente a la entidad contratante que ha abusado de su posición de dominio. Ésta puede mostrarse favorable al MASC en aras de buscar esa mejor posición».
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón «hay conceptos de esta norma que nos generan una gran inquietud como es el del posible abuso del servicio público de Justicia que se menciona en el proyecto de ley y que hay que eliminar. Cuando los usuarios -ciudadanía o empresas- demandan justicia no abusan, sino que ejercen un derecho fundamental».
CALIDAD DE SISTEMAS DE MEDIACIÓN
Por otro lado, el ICAM también dedica un buen número de propuestas a garantizar la calidad y profesionalidad de los sistemas de mediación, reforzando el papel de la abogacía y de los Colegios.
Así, «se considera necesario exigir para todos los MASC la pertenencia a un Colegio Profesional o una institución de mediación (en el caso de mediación) o institución MASC (en el resto de MASC), que gestione a sus profesionales. Las instituciones han de estar homologadas/acreditadas por la Administración, endureciendo los requisitos de acceso y permanencia de la mismas en un registro».
Finalmente, el documento del ICAM dedica las veinte últimas propuestas a introducir las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en infancia, familia y capacidad, con la introducción, por ejemplo, de pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados entre otras medidas.
