La libertad de expresión y el acceso a información plural y veraz son piedras angulares de la democracia. A preservarlas en todos los ámbitos, incluido el espacio digital, ha dedicado la Unión Europea un paquete normativo, de reciente aprobación, que incluye regulaciones como la ‘European Freedom Media Act’, que obliga a los Estados a proteger el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación, o la Digital Services Act (DSA), que pretende crear un espacio digital más responsable.
Estas normas surgen en respuesta tanto a la creciente preocupación sobre las amenazas a la libertad de información, como al papel de las plataformas digitales en la eventual difusión de contenidos ilícitos o dañinos que, según la norma, pueden provocar “riesgos sistémicos”, así como su impacto en la privacidad y la seguridad de los usuarios.
Al hilo del debate abierto en España sobre si es necesaria la adopción de nuevas normas, teniendo en cuenta la necesaria aplicación del paquete europeo, dedicamos a analizar estas normas uno de los dos dossiers jurídicos que contiene este nuevo número de Otrosí.
No se trata de un debate fácil ya que, como se ha alertado en numerosas ocasiones, el remedio puede ser peor que la enfermedad, por lo que cualquier regulación que se adopte, o trasponga, debe hacerse de manera que se proteja la libertad de expresión evitando, a su vez, indeseables injerencias de los poderes públicos y sin arbitrariedad o discriminación alguna.
Cualquier regulación que tenga incidencia sobre un derecho fundamental como es la libertad de expresión e información debe articularse en torno a unos pilares irrenunciables: salvaguardias claras para que las medidas destinadas a combatir contenidos ilícitos no se conviertan en herramientas de censura o represión arbitraria; transparencia y rendición de cuentas, lo que incluye proporcionar a los usuarios información clara sobre las razones detrás de la eliminación de contenidos y ofrecer mecanismos de apelación justos y accesibles; proporcionalidad y necesidad; participación de la Sociedad Civil, crucial para garantizar que la regulación no se utilice de manera indebida y se protejan los derechos de todos los usuarios; y evaluación continua para identificar y corregir posibles excesos o deficiencias en la aplicación de la norma, asegurando que se mantenga un equilibrio adecuado entre seguridad y libertad.
La CNMC, designada como Coordinador de Servicios Digitales en España, jugará un papel crucial en la implementación de esta regulación. Sin embargo, aún falta habilitarla legalmente y dotarla de los recursos necesarios para ejercer sus funciones, algo que es imprescindible y urgente. La entrevista de la revista busca analizar en profundidad con su presidenta, Cani Fernández, el alcance de estas competencias, así como las garantías de las libertades en internet.
La transparencia es un elemento esencial para lograr este equilibrio. Debemos estar vigilantes y comprometidos con la protección de la libertad de expresión e información, asegurando que internet siga siendo un espacio abierto y democrático para todos.
En todo ello la abogacía, y este Colegio, pueden y deben jugar un papel relevante.
Por otro lado, la revista dedica su tema de portada a la primera gran encuesta que se hace en España sobre la salud mental de la abogacía, realizada por la Fundación del Colegio, la Fundación ICAM Cortina.
Finalmente, y con el objetivo de ofrecer contendidos de utilidad para el ejercicio profesional, nuestro segundo dossier jurídico detalla el alcance de las reformas procesales en distintas ramas del Derecho del RDL 6/2023, de aplicación desde enero de este año.
Feliz lectura y feliz verano.
Abogacía y democracia
