El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid fue fundado, bajo la denominación de “Congregación de Abogados de la Corte”, por el Rey Felipe II en el año 1596, dos años antes de su fallecimiento.
De esta manera, se establece una línea sin solución de continuidad entre las dos Casas Reales que han estado durante cinco siglos al frente de los destinos de España: la Casa de Austria, en nuestro nacimiento y la Casa de Borbón, en nuestro 425 cumpleaños.
Personalmente, estoy convencido de que el reinado de Su Majestad será recordado en el futuro con el mismo respeto y admiración con que hoy lo es el de ese gran Rey que fue Felipe II.
A lo largo de estos cinco siglos de existencia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha proporcionado grandes figuras a la historia de nuestro país; porque la historia del ICAM es la historia de España.
Algunos, desde el Conde de Floridablanca hasta José María Aznar, ostentaron la Presidencia del Consejo de Ministros o la Presidencia de la República. Y otros, además de colegiados del ICAM, fueron sus decanos, como Eugenio Montero Ríos, José Canalejas o Manuel García Prieto.
Todo ello sin olvidar a personajes tan ilustres como Osorio y Gallardo, Melquiades Álvarez o Manuel Cortina, Presidentes de las Cortes Generales, o
Victoria Kent o Clara Campoamor, quien consiguió que se aprobara por fin el sufragio femenino. Mujeres abogadas que tan difícil lo han tenido
para el ejercicio de la profesión, pero que hoy en día, de los más de 76.000 colegiados y colegiadas que integramos el ICAM, cerca de la mitad son abogadas y el porcentaje sigue creciendo. Nuestro compromiso con la igualdad es absoluto e irrenunciable.
Una Abogacía comprometida con el mejor desarrollo legislativo de nuestro país. El decano Manuel Cortina, creador de la Comisión General de Codificación, de las que emanaron cuerpos legislativos como la Ley de Enjuiciamiento Civil (1881), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), el Código de Comercio de (1885) o el Código Civil (1889), son un buen ejemplo de ello; Comisión General de Codificación que, desde su creación, ha venido elaborando e informando nuestros textos normativos más importantes.
Una Abogacía, también, plenamente comprometida con la defensa del derecho de defensa, con la lucha por las libertades y los valores democráticos.
Los abogados y abogadas madrileños que durante la dictadura tuvieron que defender a los ciudadanos ante tribunales políticos, cuya principal manifestación fue el Tribunal de Orden Público, sufriendo, incluso, penas de privación de libertad, simplemente por defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, son un ejemplo que a todos nos debe inspirar.
Abogados y abogadas madrileños que pagaron con su vida por sus ideales políticos y por defender los derechos de los trabajadores, como fue el caso de nuestros compañeros del despacho de Atocha, a los que cada año el ICAM rinde merecido homenaje.
Abogadas y abogados madrileños que, ya desde el Congreso de León de 1970, jugaron un papel fundamental en la Transición Política que culminó con la
Constitución de 1978 que, bajo la alta magistratura de la Corona, nos ha proporcionado a los españoles y españolas el período más prolongado de paz, libertad y prosperidad de nuestra historia; muy superior, incluso, a los tiempos de nuestro fundador, Felipe II, en cuyos dominios “no se ponía el sol”.
Nuestra Constitución garantiza el derecho fundamental a la asistencia jurídica a todos los ciudadanos y ciudadanas. En su desarrollo, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita proporciona asistencia letrada a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos y vulnerables que no pueden costearse un abogado de su elección.
En el Colegio de la Abogacía de Madrid hay más de 6.000 abogados y abogadas que dedican la mayor parte de su actividad a prestar asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio. Compañeras y compañeros que, pese a estar infrarremunerados por las distintas Administraciones, atienden a esos ciudadanos y ciudadanas con absoluta dedicación, compromiso y máximos estándares de calidad.
Su labor, no suficientemente reconocida por la Sociedad y por los Poderes Públicos, ha sido especialmente relevante durante la pandemia, resultando
muchos de ellos contagiados por el COVID, llegando algunos a perder incluso la vida, al asistir a los ciudadanos en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil y Juzgados, pese a no contar con las más elementales medidas de protección. Mi reconocimiento y gratitud a todos ellos.
La Abogacía es esencial para el normal funcionamiento de la sociedad. Sin abogadas y abogados viviríamos en el caos; simplemente no habría seguridad jurídica. ¿Quién defendería los derechos de los ciudadanos? ¿Quién lucharía contra el abuso o las arbitrariedades de los poderes públicos? Sin ninguna duda, viviríamos en un mundo que se aproximaría mucho al “proceso” de Kafka.
Por este elemental motivo, siempre me he negado a aceptar el calificativo que se nos da de “meros colaboradores” de la Administración de Justicia. No somos colaboradores. Somos parte integrante de la Administración de Justicia, como los Jueces, los Fiscales, los Letrados de la Administración de Justicia o los Procuradores de los Tribunales.
Como tales, debemos participar en el gobierno y en la organización de la Administración de Justicia, respetando siempre la función jurisdiccional que, naturalmente, corresponde con carácter exclusivo a los Jueces, a los que desde aquí les expresamos el máximo respeto y apoyo.
Los abogados somos, junto con los médicos, los que más cerca estamos de los ciudadanos; desde antes de que nazcan y después de que fallezcan; en todas las facetas y actividades de su vida, personales, profesionales, laborales o empresariales.
Por ello, somos quienes mejor podemos trasladar al legislador las verdaderas necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en lo que a sus derechos se refiere. Los abogados y abogadas debemos participar directamente en la elaboración normativa, y no simplemente ser consultados marginalmente y a última hora. Esto es, sencillamente, evidente. Y, no quepa la menor duda, la calidad y eficacia legislativa mejorarían sustancialmente.
Y, por supuesto, debemos contar, sin más dilación, con una Ley del Derecho de Defensa que nos permita ejercer nuestra profesión con plenas garantías en beneficio de los ciudadanos.
Pero, además de garantizar el derecho de defensa y luchar por la pervivencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, la Abogacía madrileña ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos tiempos, colocándose en un primerísimo nivel dentro de los países desarrollados. Autónomos, pequeños, medianos y grandes despachos se han convertido, asimismo, en verdaderos motores de la economía y de la generación de empleo, especialmente respecto de los jóvenes.
Y me dirijo ya a los jóvenes compañeros y compañeras que prestáis hoy vuestro juramento o promesa. Deciros, en primer lugar, que siento profunda envidia de todas vosotras y vosotros.
Jurar o prometer lealtad al Rey, ante el titular de la Corona, y acatamiento a la Constitución, ante el Presidente del Tribunal Constitucional, y ello en presencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, de la Ministra de Justicia, de la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y de los que, para muchos, han sido los Presidentes del Gobierno más emblemáticos en nuestra democracia, auténticos hombres de Estado y colegiados del ICAM, Felipe González y José María Aznar, es algo único y que estoy seguro no olvidaréis mientras viváis. Ojalá yo hubiera tenido la misma oportunidad cuando juré hace 43 años.
Esta profesión, calificada por Voltaire como la “más bella del mundo” y por Balzac como la que, junto con los médicos y los sacerdotes, más directamente escucha “las preocupaciones, las miserias y el sufrimiento humano”, es también una profesión que exige un gran sacrificio, una enorme dedicación y la asunción de permanentes retos.
Pero ello no debe apartaros nunca de los que son los valores en los que se sustenta nuestro oficio: la formación permanente, la búsqueda de la excelencia en todo lo que hagáis, la irrenunciable defensa del Estado de derecho, el comportamiento profundamente ético, el respeto al compañero y a las normas deontológicas que regulan nuestra profesión, el coraje y la valentía a la hora de defender el derecho de defensa y enfrentaros al abuso y a la arbitrariedad.
Podéis tener la seguridad de que el Colegio estará permanentemente a vuestro lado en la consecución y defensa de estos valores. Sin duda, os enfrentáis a retos a los que yo no tuve que enfrentarme cuando empecé a ejercer como abogado. La globalización, la multidisciplinariedad, la excesiva -y muchas veces innecesaria- proliferación bnormativa, las nuevas tecnologías, el infinito mundo digital, con sus incontroladas redes sociales y los ciberriesgos, y el llamado metaverso, son buenos ejemplos de esos retos.
Pero sois una generación muy preparada, con una mente muy abierta y emprendedores, por lo que estoy convencido de que en todos estos retos encontraréis grandes oportunidades y seguiréis engrandeciendo a este Colegio que, gracias a los que durante estos 425 años os han precedido, es hoy una Institución reconocida y respetada en todo el mundo.
Bienvenidos y bienvenidas a este vuestro Colegio y a esta bella profesión; enhorabuena a todos y todas, y muchas gracias, empezando por su Majestad Don Felipe VI, a todos los que nos han honrado con su asistencia a este acto.
