El uso de las herramientas de Inteligencia Artificial, cada vez más presentes en el sector de la salud, fue uno de los temas troncales del II Congreso de Derecho Sanitario del ICAM. Dos mesas redondas abordaron la problemática tanto desde los llamados neuroderechos como desde el uso de esta tecnología en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Los expertos señalaron que es fundamental que el uso de las tecnologías esté supervisado por un profesional médico. Al mismo tiempo, se abordó la problemática de la eutanasia, que necesita un debate mayor, y la ley 8/2021, que va a cambiar el concepto de la discapacidad al suprimir el papel de los tutores por apoyos, lo que ha generado otro debate abierto.
Pilar Benavente, consejera de la Sección de Derecho Sanitario y profesora titular de derecho civil en la UAM, dio a conocer las conclusiones de la sesión centrada en cibersalud: «Inteligencia artificial, hacia un derecho sanitario líquido».
“Ha sido la primera vez que se ha hablado de la liquidez en el Derecho Sanitario. Se han abordado los retos que supone el uso de la IA, cuya ley de ámbito europeo entrará en vigor en breve. Es evidente que se plantean numerosos interrogantes sobre su aplicación y restricciones, así como respuestas, no solo en el ámbito sanitario sino también en el entorno jurídico. Las cuatro ponencias presentadas abordaron esta problemática ante la entrada de la IA también en el derecho sanitario”.
Recordó que “se abordó el derecho sanitario líquido y la IA y el papel de los neuroderechos como paradigma. Se presentó dicho derecho sanitario líquido como una metáfora de la actitud del jurista ante los tiempos de incertidumbre que actualmente se viven con la IA. Se trata, como dijeron algunos expertos, de surfear la ola de las nuevas tecnologías que viene con la IA. En este escenario, los neuroderechos pueden ayudar a garantizar la identidad del ser humano. Es el momento de la interacción entre derecho, salud y nuevas tecnologías”.
Otro de los temas que se abordó en esta mesa fue “la llamada administración sanitaria inteligente ante el reto de la próxima entrada en vigor del Reglamento de IA, centrándose en la normativa que va a regular estas materias y los problemas que plantea. La aprobación del Reglamento de IA va a considerar como sistema de alto riesgo muchas de las soluciones tecnológicas adquiridas por los respectivos sistemas nacionales de salud, lo que va a generar ciertos requerimientos en distintos temas como transparencia o ciberseguridad, entre otros muchos”.
En otra de las ponencias se abordó “la cuestión de la transparencia en la aplicación de los sistemas de IA en el ámbito de la salud pública. Esta es una de las exigencias clave en este tipo de herramientas, con la influencia que este tipo de tecnología tiene en el estatus del personal sanitario y los derechos de los pacientes. La irrupción de la IA no puede suplir la labor humana, como ya se dice en la Carta de Derechos Digitales del 14 de junio de 2021. Sin embargo, garantizar esa transparencia en el ámbito de la salud pública no es fácil. Al final, se trata de mantener una supervisión humana significativa en la IA”.
El último de los asuntos que se abordó en esta Mesa de IA y Sanidad tuvo que ver con “la responsabilidad patrimonial sanitaria derivada de la aplicación del sistema de IA y los retos que se plantean ante la irrupción de la IA, en particular en cuanto a la cláusula de progreso y de consentimiento informado, la pérdida de oportunidad, la prueba junto a la causalidad e imputación del daño. Al mismo tiempo, se habló del proyecto de directiva por daño de IA que se está tramitando para señalar que hay una zona de incertidumbre causal donde son necesarias soluciones específicas como la responsabilidad objetiva por riesgo. Se trata, de alguna forma, de proteger los derechos fundamentales en este ámbito tan concreto”.
La eutanasia necesita un debate mayor
Por su parte, Juan José Bestard, abogado, doctor en Derecho por la UAM y también integrante del Comité Organizador de este II Congreso de Derecho Sanitario, se encargó de resumir la Mesa Seis que se centró en los ‘Problemas en la aplicación del derecho a la eutanasia: la prestación de ayuda para morir‘. “Las ponencias que escuchamos aportaron visiones diferentes de un tema muy complejo como es la aplicación de la eutanasia”, señaló.
En su resumen, recordó que “no hay un mensaje uniforme entre todos los ponentes que participamos en la misma. Hubo visiones distintas: dos profesionales sanitarios que apelaron a la aplicación sin obstáculos de los procedimientos de la ley. Junto a ello, dos análisis jurídicos de visiones distintas, uno de ellos reflejando el procedimiento que contiene la ley y otro recalcando, según su punto de vista, la dudosa calidad de esta norma que, por su importancia, debería tener mayor calidad normativa”.
Este jurista recordó que “uno de los ponentes abordó una cuestión que no debe pasar desapercibida y es que, de los 193 países de la ONU, solo 12 han despenalizado el suicidio o la eutanasia. También hay que señalar que la ley española es la única de todas las que existen en estos momentos que no define lo que regula, ni el suicidio asistido ni la eutanasia. El derecho sanitario afecta a procesos relativos a la salud de las personas. Por eso, es suficiente motivo para exigir al legislador que haga normas jurídicamente impecables cuando afectan a la salud de las personas”.
En su opinión, “tras oír a los ponentes, el tema de la eutanasia no está maduro. No ha sido debatido lo suficiente y no hay un consenso en la sociedad, bajo mi punto de vista, a nivel jurídico, sanitario y deontológico. Creo que congresos como este que hemos celebrado en Madrid deben ayudar a buscar este debate crítico necesario en este entorno para lograr entre todos un criterio uniforme sobre esta cuestión tan importante en nuestro derecho sanitario”.
Nuevo marco legal para personas con discapacidad
Fue María Avilés, consejera de la Sección de Derecho Sanitario, letrada de la Administración de Justicia y responsable de la Unidad de Mediación de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, quien expuso las conclusiones de la MESA SIETE, que también moderó, centrada en “La protección jurídica en el ámbito sanitario de las personas con discapacidad: derecho a la protección de la salud mental”, donde se abordó la nueva Ley de Discapacidad 8/2021.
Sobre esta nueva normativa, esta jurista recordó que “lo que pretende es adaptar la Convención de Nueva York de las Personas con Discapacidad del 2006. Ha eliminado el sistema de incapacitación, estableciendo un sistema de medidas de apoyo con el que se persigue preservar la voluntad, los deseos y la autonomía de las personas con discapacidad. En definitiva, en la toma de decisiones, se analiza caso por caso tratando de tomar decisiones como si fuera un traje a medida para la persona con discapacidad. En el ámbito sanitario, se debe asegurar que el consentimiento informado sea accesible y comprensible, garantizando la participación activa del paciente con discapacidad en la toma de esas decisiones sobre el tratamiento a seguir”.
Otra cuestión que recalcó es que “se ha hablado de que el derecho a la información sanitaria debe implicar que los profesionales de la salud ofrezcan información clara y accesible a los pacientes con discapacidad, utilizando formatos alternativos de comunicación cuando sea necesario. Este deber de información debe aplicarse incluso en las situaciones de curatela representativa, asegurando la participación del paciente en la toma de decisiones”.
Sobre la citada “ley 8/2021, ha implicado un cambio del Código Civil y también de las leyes procesales; sin embargo, no se ha adaptado aún la Ley de Autonomía del Paciente. No obstante, como conclusión final, se considera que una interpretación conjunta de ambas normativas resulta esencial para proteger de forma eficaz los derechos de las personas con discapacidad. La correcta implementación de las medidas previstas y una formación continua y adecuada de los profesionales son fundamentales para que se cumpla la ley y se proteja a estos ciudadanos”.
La IA en la relación médico y paciente
En cuanto a la Mesa Ocho, «Atención asistencial y la IA: hacia una asistencia sanitaria líquida, responsable y participativa», fue Carmen Fernández-Bravo, consejera de la Sección de Derecho Sanitario y abogada especialista en Derecho Sanitario, quien resumió los temas más importantes a reseñar en dicho debate. “El desarrollo de la IA ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la personalización y eficiencia de los servicios de salud”.
Al mismo tiempo, comentó que “también plantea desafíos éticos, sociales y legales que habrá que abordar en los próximos meses en nuestro sistema sanitario. Estas tecnologías plantean cuestiones muy interesantes. Es el caso del consentimiento informado del diagnóstico asistido por la IA. En la actualidad, la población está envejecida y hay menos tiempo para atender a los pacientes. Lo que se ha debatido es si debemos informar al paciente sobre ese uso de la IA en el citado diagnóstico. Al final, es la opinión del profesional lo importante de ese uso sobre el que hay un debate sobre si se debe informar”.
“En la actualidad, no existe esa obligación de informar al paciente por parte del profesional sobre que ha utilizado la IA para tratarle. Habrá que ver cómo evoluciona esta cuestión y qué es lo que dice el legislador al respecto, por si se regula o no expresamente. Al mismo tiempo, el uso de la IA supone utilizar datos y cumplir con la normativa actual que es el RGPD europeo. Se trata de gestionar esos datos del paciente y controlar bien la cesión de los mismos. En este caso, es fundamental la autorización del paciente para el uso de esos datos”.
Para esta experta, “es evidente que se abre un nuevo escenario donde deben estar claros cuáles son los límites de esa información. Lo que sí queda claro es que el uso de las herramientas de IA va a revolucionar muchas cuestiones relacionadas con la atención al paciente. En este caso, es fundamental preservar el derecho a la información y a la autonomía del paciente, que cobran especial relevancia en este entorno con nuevas tecnologías. La relación médico-paciente cambia en este nuevo entorno tecnológico”.
Desde su punto de vista, “cuando el paciente da su consentimiento para cualquier cuestión sobre su salud, lo está haciendo en relación al modelo sanitario que le afecta, porque es su salud la que está en juego. El médico debe informar al paciente para que éste pueda garantizarse el derecho a tomar decisiones sobre su salud. El uso de la IA puede ayudar al profesional sanitario en su trabajo, pero eso no le exime de informar al paciente. Hay una asimetría entre los conocimientos del profesional y los de los pacientes cuando demandan esa información muy clara”.
La principal conclusión de esta Mesa de debate es que “con el uso de la IA se personalizan las intervenciones sanitarias y mejora la información clínica. El uso de esas herramientas de IA va a permitir un mejor cuidado al paciente, por lo que se plantea valorar las ventajas de su uso habitual, teniendo en cuenta que habrá que evaluar los riesgos que genera su implementación como cualquier tecnología emergente que se utiliza en los centros de salud”.
En otra de las ponencias se debatió sobre “los protocolos de actuación de los profesionales que se deben poner en marcha sobre la IA. El uso de estas herramientas de IA es cada vez más frecuente para mejorar el diagnóstico y la atención de los pacientes. Es fundamental que detrás de su uso siempre exista un profesional médico, eso debería incidir la futura legislación nacional que aún está por aprobarse. En estos casos, la experiencia clínica del profesional debe estar siempre por encima del uso de la IA”.
