Durante dos días, destacados expertos en insolvencia, en general, y en segunda oportunidad, en particular abordarán desde todas sus vertientes esta forma de exonerar deudas, avalada por una ley aprobada en 2015, en el I Congreso Nacional de Segunda Oportunidad del ICAM.
Su principal impulsor, José María Puelles, abogado y administrador concursal, copresidente de la Sección de Reestructuraciones, Insolvencias y Segunda Oportunidad del ICAM y presidente del Observatorio de la Segunda Oportunidad de la entidad colegial, además de vocal de la subcomisión concursal del CGAE, se muestra satisfecho de la calidad de los ponentes y sus intervenciones.
Desde su punto de vista, “este evento analiza la segunda oportunidad desde sus variables más importantes. Para los abogados más jóvenes, hay que indicarles que la segunda oportunidad crece todos los años. En este primer trimestre de 2024 se han presentado 10.952 concursos de personas físicas consumidoras y 695 concursos de personas físicas empresarios. Esto hará que, a final de año, tengamos casi 50.000 asuntos, y es un nicho de mercado para que los abogados jóvenes se posicionen como abogados. Es una salida profesional de futuro a la que se puedan dedicar. Ahora mismo, faltan abogados que conozcan bien esta práctica y la ley que ayuda a exonerar deudas”.
En su opinión, “parece claro que los procedimientos concursales han venido para quedarse. El problema es que hay pocos jueces de lo mercantil para gestionarlos. También gestionan concursos de empresa, procedimientos de sociedades, impugnación de acuerdos sociales o demanda de responsabilidad. Es mucho trabajo para cualquier magistrado.
Ante ese crecimiento, el concurso de personas físicas ha crecido de forma notable en estos últimos meses. Hay en otros países legislaciones que tramitan estos procedimientos como procedimientos administrativos y otros como judiciales; sin embargo, tras la directiva, todos deben ser procedimientos judiciales porque se busca que tengan su control judicial. La forma de solucionar este problema sería incorporar más jueces, como una opción, y la otra, apostar por los administradores concursales que ayuden a gestionar estos asuntos”.
Sobre la exoneración del crédito público, Puelles recuerda que hay dos sentencias del TJUE que interpretan la Directiva permitiendo a los estados cierta limitación a la exoneración, “lo que complica la exoneración plena. Si queremos ofrecer una segunda oportunidad, debería ser con la exoneración plena. La no exoneración del crédito público perjudica a los empresarios. Por el momento, la mayoría de las personas físicas que acceden a este mecanismo no son empresarios, con lo cual tienen menos cargas de crédito público.
“De todas formas, en el Congreso contaremos con Francisco José Soriano, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 19 de Madrid, autor de dos cuestiones prejudiciales desde la AP de Alicante. Eso hace que les digamos a nuestros clientes que lo paguen antes para que puedan exonerarse. En una Europa como esta, de igualdad de trato, no se entiende que se privilegie el crédito público por encima de otras cuestiones”, comenta José María Puelles.
Para Puelles, “es previsible que surjan boutiques especializadas y que las grandes firmas también puedan dedicarse a ello junto a las grandes empresas de reestructuraciones. Es un procedimiento que no es complejo, pero hay que saber hacerlo. De ahí que sea importante que el deudor cuente con un profesional que le asesore bien para lograr dicha exoneración”.
Al mismo tiempo, este experto recuerda que “este tipo de eventos ayuda mucho a los profesionales del sector a conocer la última jurisprudencia y aquellos asuntos que son clave en la segunda oportunidad. Es fundamental que los abogados que nos dedicamos a esto podamos desarrollar nuestra red de contactos, en una práctica donde las decisiones judiciales sobre la concesión de la segunda oportunidad no son iguales en los distintos juzgados españoles”.
Abogacía catalana innovadora
El director del Congreso destaca la presencia de algunos abogados catalanes, encabezados por su decano Jesús Sánchez, que inaugurará este evento junto al decano del ICAM, Eugenio Ribón. Estarán también Martí Batllori, vicepresidente del Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB, que hablará de la segunda oportunidad como derecho; Marta Bergadà, de Bergadà Asociados, que hablará de la problemática del deudor con la documentación que debe presentar; o Miguel Ángel Salazar, abogado y economista, socio de GFS Auditors, que hablará del Plan de Pagos, al igual que Yvonne Pavía, presidenta del citado Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB.
A juicio de nuestro interlocutor, “son un modelo a seguir. Tenemos que intercambiar ideas con ellos y ver cómo aquello que hacen lo podemos incorporar a nuestra actividad. En ese sentido, el networking que hagamos con ellos será importante. El Congreso quiere ser un foro de intercambio y de conocimiento. Se trata de debatir todas estas cuestiones que están relacionadas con la segunda oportunidad. A este respecto, también contaremos con la presencia de algunos magistrados con papel clave en varias cuestiones prejudiciales”.
Sobre estos magistrados, Puelles resalta la presencia de Amanda Cohen, “especialista en mercantil, magistrada de enlace en la UE en estos temas». Junto a ella, jueces que resuelven a diario estas cuestiones como Bárbara Córdoba, magistrada del Juzgado 13 Mercantil de Madrid, que analizará el papel de la vivienda en estos procedimientos; Javier Vaquer, magistrado del Juzgado 6 de lo Mercantil, que hablará del concurso sin masa; y José Francisco Soriano, titular del Mercantil 19, que abordará el papel del crédito público en estos concursos de persona física y autor de dos cuestiones prejudiciales al TJUE sobre estos temas cuando era magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante”.
Puelles recuerda que el Colegio de la Abogacía de Madrid ha hecho una apuesta importante por la segunda oportunidad. “Venía en el programa electoral de la actual Junta de Gobierno. Se ha creado un Observatorio sobre esta práctica; al mismo tiempo, se está dando mucha formación, llevamos impartidos tres cursos sobre segunda oportunidad y siete de iniciación válidos para el Turno de Oficio, que precisamente acaba de ponerse en marcha el 1 de junio. Sobre este nuevo servicio, señalar que hay bastante trabajo y no se paga mal. Por asunto, el abogado puede ganar unos 400 euros”.
“Esta formación que se imparte va con mucha documentación de apoyo, multitud de resoluciones clasificadas y formularios que se utilizan. Tenemos que formar a los profesionales de este Turno de Oficio nuevo; es previsible que también en el futuro podamos darles distintos manuales de apoyo a esa formación que reciben. La formación es importante para conocer el mecanismo de la segunda oportunidad. Es clave que haya abogados especializados que conozcan bien la ley y sepan cómo gestionarlo con éxito”.
A su juicio, los ataques que está sufriendo la segunda oportunidad, “donde algunos expertos señalan que es un coladero de muchos asuntos, no creemos que sea así. En un procedimiento judicial donde los acreedores tienen las mismas posibilidades de ataque y defensa, el demandante y el demandado no es un coladero. Otra cosa es que a los acreedores no les interese esa pelea y no comparezcan en el procedimiento concursal, bien porque no les sea económico, bien porque sencillamente lo den por perdido. El legislador español ha querido que sea el acreedor quien defienda sus intereses, no que sea el juez. Cuando se habla de coladero, lo que se pone de manifiesto es la negativa del acreedor a defenderse y la pretensión de que el juez defienda sus intereses, cuando la posición del juez no es esa”.
Fraudes generalizados no hay
Para este jurista, “es posible que haya algún fraude, pero no podemos hablar de coladero generalizado. Sin embargo, no por eso debemos endurecer la segunda oportunidad y su acceso, porque muchos profesionales merecen volver a emprender sus negocios. Hay que darse cuenta de que tendremos pronto una nueva directiva que se promulgará el año que viene, que puede ayudar a impulsar la segunda oportunidad. Ahora el legislador español busca procedimientos ágiles y eficaces y ha eliminado la figura del administrador concursal, algo que creemos que ha sido un error”.
Respecto a este asunto, destaca que “el papel de administrador de control ayudaría a un mejor control de estos procedimientos. Su figura ha sido muy denostada, sin embargo, estos profesionales desde 2003 eliminan un gran número de sociedades que provocaban problemas y eran innecesarias. La figura del administrador concursal era importante porque el sistema procesal civil no permite al juez el control, más allá de la legalidad. Creo que habría que recuperarla para poner coto a otras cuestiones como las que hay en el concurso sin masa, también problemático”.
En cuanto a este concurso sin masa, Puelles indica que “no hay control y, si incorporas al administrador concursal, debe tener su retribución para pagar sus gastos; necesita que le paguen, pero el problema es que en estos concursos no se le pagaría. Ahí debería existir una dotación pública para esos concursos sin masa y establecer un mecanismo que sería la cuenta arancelaria donde el Estado haga una dotación para el pago de esos profesionales”.
Este experto recuerda que “también está en marcha el proyecto de Estatuto de Administrador Concursal, donde se trata de profesionalizar esta figura. Pero lo que debe quedar claro es saber hasta dónde queremos que la actividad del procedimiento sea ágil y hasta qué momento queremos el control. Es importante aclarar estos conceptos de agilidad y control del asunto y consultar a los administradores concursales. Se habla de crear un Consejo General que podría hacer esa labor de representatividad, como lo tienen economistas y abogados”.
Faltan criterios uniformes judiciales
El modelo de segunda oportunidad, en el que la abogacía catalana está a la cabeza, no es homogéneo en todo el país. “Ellos han logrado la unificación de criterios de los jueces de lo mercantil que trabajan de forma más coordinada entre ellos y que en otros lugares del país no parece tan sencillo. En el caso de Madrid, los jueces de lo mercantil no se ponen de acuerdo ni en lo mínimo, que es la forma de acceso, y generan resoluciones distintas; en Cataluña ya hay unos formularios estandarizados de concursos sin masa que no tenemos en la Comunidad de Madrid”.
De cara al futuro, en un escenario de tres o cuatro años, José María Puelles ve claro, como señalan otros expertos, que la segunda oportunidad se va a consolidar en nuestro entramado empresarial. Siempre habrá procedimientos de segunda oportunidad porque son consustanciales al emprendimiento. A la larga, la próxima directiva que entrará en vigor en dos años perfeccionará el sistema y tenemos la esperanza de que no se restringirá tanto el acceso. Pero ahora el momento es que hay mucha resolución de juzgados de lo mercantil, poca de Audiencia Provincial. Estas resoluciones pueden clarificar el escenario más tarde, cuando llegue al Tribunal Supremo.
Al final, en este contexto, “el abogado de segunda oportunidad debe ser un experto en el procedimiento y en su normativa. Debe estar al tanto de todo y conocer bien todas sus particularidades y tener una formación ética. Este procedimiento es algo vivo y está sujeto a modificaciones en el futuro, como las resoluciones próximas de las Audiencias Provinciales, Supremo o las propias directivas. Al ser un derecho tan vivo, es necesaria la especialización y la celebración de Congresos de este tipo para poder ofrecer los mejores argumentos de estos expertos”.
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