MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Europea (EPPO) está a punto de cumplir dos años con un saldo en su rama española que arroja más de 50 casos y 3 sentencias, un trabajo desempeñado por los 7 fiscales delegados de nuestro país y una oficina que forman tan solo 8 funcionarios, por lo que una de las principales trabas es la falta de medios, así como los problemas de comunicación con la autoridades nacionales, según fuentes del órgano comunitario.
La EPPO se puso en marcha el 1 de junio de 2021 a través del mecanismo de cooperación reforzada con la participación de 22 de los 27 estados miembro de la UE y el objetivo de investigar y perseguir los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE, tales como el fraude, la malversación o el blanqueo de capitales.
Aunque su sede está en Luxemburgo, con la jefa de la EPPO, Laura Kövesi, y los 22 representantes nacionales –incluida la fiscal española Concepción Sabadell–, tiene presencia en cada país con fiscales delegados y una oficina de apoyo que se encargan de llevar a cabo las investigaciones penales hasta conducirlas a juicio.
En España, la EPPO ha pasado de llevar un par de casos desde sus inicios a los más de 50 que tiene actualmente entre manos. Por ahora, solo tres han llegado a juicio en la Audiencia Nacional, con aceptación de la pena por parte de los acusados.
De los casos asumidos por la EPPO, destaca la ‘Operación Marengo-Rosso’, que supuso la desarticulación de una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude de IVA de más de 25 millones de euros contra los intereses financieros de la Unión Europea. Llevada a cabo el pasado febrero, fue la primera operación de la Fiscalía Europea con detenidos en España.
Las fuentes consultadas por Europa Press subrayan que se trata de «investigaciones complejas», no solo por tratarse de delitos de índole económica, sino porque suelen tener ramificaciones en distintos estados, lo que implica que, por ejemplo, aunque se indague en España haya registros policiales en otro país.
Uno de los principales problemas que identifican las citadas fuentes es la falta de medios. España cuenta con 7 fiscales delegados –Pablo Ruz, Olga Muñoz, Laura Pellón, Oihana Azcue, Víctor Joaquín González-Herrero, Gloria Yoshiko Kondo y María Elena Lorente– y una oficina formada únicamente por 8 funcionarios, por lo que los instructores acaban asumiendo todo tipo de tareas, que restan tiempo de su labor investigadora.
SIN REFUERZOS
Para incrementar el número de fiscales delegados sería necesario un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la EPPO, porque ambos tienen implicaciones económicas en este aspecto, mientras que aumentar el tamaño de la oficina depende únicamente del departamento que dirige Pilar LLop, que es quien paga los salarios de estos funcionarios. Aunque desde la Fiscalía Europea en España se han pedido los refuerzos, de momento, siguen sin llegar.
Desde la EPPO también reclaman una estructura de unidades de apoyo similar a la existente en la Fiscalía Anticorrupción española, con unidades de Policía Nacional, Guardia Civil o de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Es precisamente con este último organismo con el que más avanzadas están las conversaciones, apuntan las citadas fuentes.
Otro de los obstáculos con los que se ha topado la EPPO en su funcionamiento en España es la falta de una comunicación fluida con las autoridades nacionales en lo que respecta a la detección del delito. En este sentido, las fuentes explican que, a pesar de que la normativa europea dice claramente que cualquier irregularidad que afecte a fondos UE debe ponerse en conocimiento de la EPPO, no suele ser así.
Las fuentes observan el mismo problema cuando se trata de recabar la colaboración de determinadas entidades –como financieras o bancarias– en el marco de las investigaciones penales, cuestión que achacan en la mayoría de los casos al desconocimiento que hay sobre la EPPO.
