El respeto a los derechos humanos de las mujeres es fundamental para construir un mundo más justo e igualitario. Bajo esta premisa, el Observatorio de Derechos Humanos del ICAM celebró un ciclo sobre mecanismos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, con tres sesiones celebradas a lo largo del mes de febrero.
En la más reciente, Joaquín Nieto, director emérito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Mahbouba Seraj, defensora de los derechos de las mujeres y candidata al Premio Nobel, junto a Tania García, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), expusieron la grave situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres en distintos países.
Historiadora de formación, Seraj, activista afgana, ofreció una visión directa de la situación en su país, en el que decidió quedarse tras el regreso de los Talibanes para ser testigo de lo que le sucedía a mi país y a su gente, y para trabajar por un Afganistán mejor. Su testimonio aportó una perspectiva clave sobre el tema central del ciclo, destacando cómo en su país «realmente se está pasando muy mal si eres mujer».
En este contexto, Parejo subrayó la relevancia de analizar el delito de apartheid de género dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, describiéndolo como «un delito de persecución en el ámbito del crimen de lesa humanidad». Además, destacó que la APDHE lideró una iniciativa para presentar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una solicitud de investigación sobre los crímenes contra las mujeres afganas, a la que se sumaron el ICAM, su Observatorio de DDHH y otros colegios profesionales, incluido el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). «Es un tema que llevamos ya tiempo trabajando», añadió.
Denuncia pionera
En la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) el pasado 30 de septiembre de 2024 ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, se acusa al Gobierno de Afganistán de crímenes de lesa humanidad por sus leyes y prácticas contra las mujeres y niñas en ese país. Es la única denuncia de este tipo impulsada por una asociación de derechos humanos.
Tania García, presidenta de la APDHE, profundizó en el debate al abordar «la protección de los derechos de las mujeres en la justicia penal internacional y la tipificación del delito de apartheid de género». También mencionó la propuesta de modificación del Estatuto de Roma en colaboración con Mahbouba Seraj’s, defensora de los derechos de las mujeres y candidata al Premio Nobel.
Maite Parejo, copresidenta del Observatorio de DDHH del ICAM, destacó que esta denuncia ha generado una amplia alianza entre la sociedad civil y distintas entidades jurídicas: «Se han unido asociaciones de derechos humanos, la abogacía institucional desde el CGAE y otros colegios como el ICAB, además de algunas asociaciones judiciales y otros colectivos profesionales. Al final, la iniciativa ha logrado aunar a distintos sectores de la abogacía y la fiscalía por un mismo fin. Si quieres que una iniciativa tenga repercusión, debe ser más colectiva». En este sentido, Parejo subrayó la importancia de que «las calificaciones jurídicas sean las correctas» para garantizar la efectividad de las acciones legales emprendidas.
Nuestra interlocutora añadió que una de las principales líneas de trabajo del Observatorio de DDHH, desde su constitución en octubre de 2023, es «impulsar y visibilizar que los derechos de las mujeres son derechos humanos». Este enfoque está en línea con las políticas de igualdad que el ICAM desarrolla a través de la nueva sección presidida por la abogada y experta en relaciones laborales Estela Martín. En este marco, la Cumbre de Mujeres Juristas que organiza anualmente el ICAM también abordará este año la cuestión de los derechos humanos.
Para Parejo, «hay que darse cuenta de que ha habido avances: el sistema de protección de derechos humanos se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. En España, la Ley contra la Violencia de Género, que ahora cumple veinte años, fue pionera cuando se aprobó en diciembre de 2004». No obstante, desde su punto de vista, «aunque se ha mejorado bastante, es necesario seguir implementando medidas para reducir la mortalidad de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. A nivel global, hay motivos para estar alerta y reforzar el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres».
Los derechos laborales delas mujeres
Estela Martín, presidenta de la Sección de Igualdad del ICAM, centró su intervención en la entrada en vigor en España del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto a medio y largo plazo en la protección de las mujeres frente a la violencia en el ámbito laboral.
El Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (C190) está en vigor en España desde el 25 de mayo de 2023. No obstante, pese a que han transcurrido casi dos años desde su entrada en vigor, su cumplimiento práctico en las empresas sigue siendo deficiente.
Martín subrayó tres puntos fundamentales de este convenio. En primer lugar, «puede bastar una sola vez para considerar que ha existido acoso». En concreto, el artículo 1 del C190 establece que «la expresión ‘violencia y acoso’ en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género».
Otro aspecto destacado es que «el convenio amplía sustancialmente el alcance de la protección, cubriendo no solo los lugares de trabajo propiamente dichos, sino también otros espacios como desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales y de formación relacionadas con el trabajo». Martín citó como ejemplos «las celebraciones de Navidad, las fiestas o eventos corporativos». Asimismo, el convenio contempla «las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas aquellas realizadas a través de tecnologías de la información y la comunicación, lo que abarca situaciones de ciberacoso», así como «los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo».
Por último, señaló que «también se amplían las personas objeto de protección del convenio. No solo protege a los trabajadores, sino también a quienes participan en procesos de selección, como candidatos y becarios, y a trabajadores despedidos».
Desde su perspectiva, «es fundamental una reflexión profunda sobre el cumplimiento práctico y efectivo del Convenio 190, no solo por parte de las empresas, sino también en lo que respecta a su aplicación en los tribunales de la jurisdicción social». Además, Martín resaltó la importancia de analizar este convenio en relación con «otros instrumentos como los protocolos contra el acoso y el Canal Ético (Canal de Denuncias) establecido en la Ley de Informantes para las empresas obligadas a tenerlo». A modo de ejemplo, señaló la posibilidad de «una denuncia por acoso presentada a través del Canal Ético por una mujer que haya participado en un proceso de selección».
La importancia del Convenio 190
Esta jurista moderó la intervención de Joaquín Nieto, director emérito de la OIT España, quien señaló que «el Convenio 190 y la Recomendación 206 suponen un hito en la lucha contra la violencia y el acoso en todas sus formas en el ámbito laboral. Parten de adoptar y aplicar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género».
«El Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 son las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. El Convenio incluye, por primera vez en el derecho internacional, el reconocimiento específico del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y establece la obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute de este derecho», resaltó Nieto.
Al mismo tiempo, destacó que «el Convenio 190 otorga un marco adecuado para tratar la violencia y el acoso en el trabajo porque no solo se centra en la cuestión de reparación y asistencia a las víctimas, sino que también pone el énfasis en la importancia de la prevención y la protección, buscando garantizar un espacio de trabajo seguro y libre de acoso».
«Además, la protección se hace desde un concepto extensivo, ya que no solo quedan protegidos los espacios tradicionales (centros de trabajo), sino que el alcance es muy amplio: eventos o cenas de empresa, acoso por medios electrónicos (ciberacoso), los desplazamientos al trabajo», subrayó.
En cuanto a la Recomendación 206, Nieto resaltó que «es cierto que las recomendaciones no son vinculantes, pero sí tienen un valor universal y, en materia de acoso y violencia en el trabajo, la recomendación contiene una guía de aplicación de las medidas y cómo implementarlas».
A su juicio, «hay que pensar que el C190 parte de dos premisas: la prevalencia del acoso hacia las mujeres, que son quienes sufren mayoritariamente acoso o violencia, y la importancia de la discriminación por razón de género (se ejerce violencia o acoso por el hecho de ser mujeres)».
Para este experto, «también es muy importante resaltar que el C190 establece que una sola vez puede bastar para poder entender que ha existido acoso».
Asimismo, enfatizó la necesidad de «apostar por sistemas preventivos frente al acoso y la violencia en el trabajo para propiciar el necesario cambio cultural en el ámbito laboral que permita acabar con la cultura de la discriminación».
