La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa por el Congreso marca un avance significativo, no solo por su contenido, sino por el creciente papel que la abogacía ha desempeñado en su elaboración. Esta participación activa en el proceso legislativo es fundamental para garantizar que las leyes reflejen las necesidades y realidades del ejercicio profesional, asegurando una justicia más eficiente, equitativa y accesible.
Desde el ICAM debemos sentirnos particularmente satisfechos por la incorporación de diversas enmiendas propuestas, poniendo de manifiesto la importancia de que los profesionales del Derecho tengan una influencia directa en la creación de normas que afectan tanto a nuestro ejercicio diario como a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Esta influencia se logra no solo a través de una colaboración constante con los legisladores, sino presentando propuestas fundamentadas en la experiencia práctica y en el profundo conocimiento del sistema judicial y también tejiendo alianzas, con organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a la solidez de lo que se plantea.
Es lo que ha ocurrido con un cambio sustancial en esta norma: la introducción en el artículo 6, sobre derecho a la información, de la regulación de criterios orientativos sobre honorarios a efectos de tasación de costas, una propuesta del ICAM, es fundamental para proporcionar transparencia y seguridad jurídica a los ciudadanos. Como venimos argumentando (desde apenas días después de nuestra toma de posesión), conocer de antemano los costes aproximados de los procesos judiciales permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre su representación legal. Por ello, este avance es crucial para una justicia accesible y equitativa, evitando sorpresas desagradables y promoviendo una percepción de justicia más justa y previsible.
La ley también incorpora mejoras en la defensa de personas jurídicas, extendiendo el beneficio de la justicia gratuita en procedimientos penales, especialmente en macroprocesos. Una cuestión en la que hemos sido igualmente combativos sin matices. Clarificar los criterios para la retribución de la defensa de personas jurídicas asegura que todos los abogados reciban una compensación justa por su trabajo, independientemente de las circunstancias de sus clientes. Esto es vital para garantizar un acceso equitativo a la justicia y mantener la motivación y el compromiso de los profesionales del Derecho.
Uno de los aspectos más críticos de la nueva ley es el refuerzo del secreto profesional. La protección de las comunicaciones entre abogados y clientes es esencial para una defensa efectiva y privada. Sin esta garantía, la confianza entre el abogado y su cliente se vería comprometida, afectando negativamente la calidad de la representación legal. La insistencia del ICAM en este punto y su defensa a ultranza como venimos demostrando estos meses es un signo más del papel que entendemos debe tener este Colegio.
Aumentar la influencia de la abogacía en la elaboración de leyes requiere una combinación de estrategias. Colectivos, empresas y organizaciones civiles tienen un largo recorrido tanto de manera formal, a través de órganos de participación, como informal, con acciones de lobbying, en este terreno. La Abogacía no puede quedarse atrás. La participación activa de la abogacía en la elaboración de leyes es esencial para asegurar que las normas sean justas, aplicables y beneficien a la sociedad en su conjunto. Los abogados, por su experiencia directa con el sistema judicial y sus usuarios, están en una posición única para identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas. Esta influencia contribuye a un sistema legal más robusto y eficiente, mejorando la calidad de la justicia y fortaleciendo el Estado de Derecho.
La necesaria voz de la Abogacía en las reformas legislativas
